El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha oficializado la declaración de 140 municipios en Cataluña como zona tensa, según la resolución publicada en el BOE el 15 de marzo de 2024. Esta medida, vigente por tres años a partir del 16 de marzo, busca abordar la tensión en el mercado residencial catalán. En Vallès Inmobiliaria te explicamos las principales novedades que conlleva esta nueva medida. 

Entre los municipios afectados se encuentran importantes ciudades como Barcelona, Girona, Lleida, y Tarragona, entre otros. Con esta designación, se establecen nuevas regulaciones que impactan tanto a propietarios como a inquilinos.

Se define el concepto de «gran tenedor», aplicable a aquellos propietarios con cinco o más inmuebles urbanos residenciales en la zona tensa o con más de diez en toda España, con reducciones fiscales específicas. Además, se imponen obligaciones de transparencia para los profesionales inmobiliarios, como informar a los inquilinos sobre la condición de área tensa y detallar la última renta de los últimos cinco años.

Los contratos de arrendamiento firmados desde el 26 de mayo de 2023 en esta área tendrán una prórroga extraordinaria de tres años para los inquilinos, siempre que la vivienda permanezca en la zona tensa. Se introducen bonificaciones fiscales para nuevos contratos de alquiler, donde se aplican reducciones del rendimiento neto positivo, especialmente en viviendas con disminución de la renta o cuando el arrendatario sea joven o una entidad sin ánimo de lucro.

Además, se permite un aumento del 10% en la renta para viviendas rehabilitadas o con mejoras de eficiencia energética o accesibilidad, así como para contratos a largo plazo.

En cuanto a los supuestos de arrendamiento, se establecen diferentes reglas según la ubicación y el tipo de propietario. Por ejemplo, en zonas tensas con pequeños tenedores, la renta no puede exceder la última del contrato anterior, con posibles incrementos adicionales. Para grandes tenedores, se debe calcular la renta según el nuevo índice de precios estatal o según el contrato anterior, aplicando el menor importe.

Estas medidas buscan equilibrar el mercado de alquiler en Cataluña, protegiendo a los inquilinos y regulando la actividad de los propietarios, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de alta demanda y precios elevados.